3/7/10

Sobre muerte de Francisco Coronado en furgón de Carabineros

Actualización 20 Julio 2010: La madre de Francisco ahora denuncia que Carabineros la está presionando para que cambie su versión de los hechos.
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El día 26 de Junio el joven Francisco Coronado de 19 años se encontraba junto a su novia y familia en una fiesta costumbrista de la localidad de Cabrero, Región del Biobío, donde los dueños del lugar llamaron a Carabineros por supuestos disturbios que se habrían provocado en el mismo. Los uniformados arrestaron al joven para luego patearlo en el suelo y subirlo inconsciente al furgón policial. Según declaraciones del Mayor de Carabineros Ricardo Navarrete, al bajar el cuerpo del furgón este ya estaba muerto.


Según el Servicio Médico Legal de la Región del Biobío, la muerte de Francisco se produjo a causa de un “traumatismo craneoencefálico complicado por golpe con o contra objeto contundente”. (1)

A propósito de los hechos, reproducimos la declaración pública realizada por el Equipo Jurídico de la FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, fundada en 1975 a propósito de la Dictadura Militar en Chile, en defensa de los Derechos Humanos). (2)

Lo interesante de esta declaración es que no solamente se condena el hecho, de por si despreciable por el abuso de poder de la fuerza pública, sino que además critica fuertemente la institución de la Justicia Militar, establecida constitucionalmente en Chile como una justicia especial, diferente, que rompe el principio de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.


DECLARACION PÚBLICA




Ante la muerte del joven Francisco Coronado Cárdenas al interior de un furgón de Carabineros, ocurrido en la localidad de Cabrero el 26 de junio, y la investigación de estos hechos por parte de la Justicia Militar, no podemos permanecer indiferentes, porque estamos frente a una situación que califica en el área de los Derechos Humanos.

1.- Condenamos toda forma de abuso policial, considerando que la fuerza pública justifica su existencia, conforme a la norma constitucional, para dar eficacia al derecho, obligándose ante la población a actuar civilizadamente, en la forma y en los casos previstos por la ley.

2.- La vida y la integridad física de las personas son bienes jurídicos cuya protección está cautelada por las normas penales en el caso de los delitos comunes y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el caso que el agravio provenga de agentes del Estado.

3.- Rechazamos la intervención de la Jurisdicción Penal Militar para conocer este caso porque los carabineros no son militares, ni la víctima es militar. Además, porque esta judicatura especial no garantiza el debido proceso desde el punto de vista orgánico, porque el juez militar es un militar de carrera que por su investidura militar no da garantías de independencia, ni de imparcialidad y, desde el punto de vista funcional, porque el procedimiento vigente se rige por el sistema inquisitivo; es secreto, es escrito, el fiscal instructor opera como juez y parte del mismo modo que el juez militar y no es admisible la querella como forma de ejercer la acción penal, limitándose el ejercicio de los derechos procesales a las víctimas.

4.- La vigencia de esta jurisdicción especial coloca al Estado de Chile en una flagrante violación del Derecho Internacional, específicamente de la Convención Interamericana contra la Tortura, la Convención Internacional contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumentos todos ratificados por Chile, incluyendo una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -“caso Humberto Palamara” de diciembre del 2005 cuyo cumplimiento está pendiente en lo referente a la modificación de la Justicia Militar vigente en el país-.

5.- Exhortamos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana y adecuar la legislación interna a los estándares internacionales de los Derechos Humanos, en orden a suprimir esta judicatura especial, en subsidio, reducir su competencia sólo a delitos militares cometidos por militares y, en todo caso, modificar la estructura del procedimiento conforme a las normas de un sistema acusatorio, garantista, controversial, oral y público.



EQUIPO JURIDICO DE FASIC 



Santiago 30 de junio de 2010

1 ALZARON SU VOZ:

Anónimo dijo...

Por ningún motivo, el asesinato de ese joven, acto repudiable que enluta no solo el corazón de sus padres,si no de quienes alcanzamos a conocer este caso. Sea gobierno de derecha o izquierda, el cual gobierne Chile, NO DEBE DEJAR IMPUNE ESTE CRIMEN.